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© antonio pérez
comunidad europa
comunidad romaní y la protección de sus derechos en
el conjunto de la UE, en la lucha contra la elevada tasa
infantil en riesgo de pobreza o exclusión social o en un
mayor uso de la Carta de los Derechos Fundamentales de
la UE por parte de tribunales, parlamentos y gobiernos.
Los medios legales
Hasta el año 2000, la legislación de la UE contra la
discriminación sólo era de aplicación en el ámbito del
empleo y la seguridad social, y únicamente por razones
de género, según recuerda el
creado por la Agencia de
Derechos Fundamentales de la UE, en su edición de 2018.
La
aprobada para prohibir la discriminación por motivos de
orientación sexual, creencias religiosas, edad y discapaci-
dad en el área del empleo, y la
ampliaban notablemente la prevención
legal de este tipo de prácticas
.
En concreto, la Directiva 2000/43/CE amplía la pro-
tección por discriminación que antes se circunscribía al
ámbito laboral y establece los requisitos mínimos para
la aplicación del principio de igualdad de trato en la UE.
Además, insta a los países a crear un organismo dedicado
a la lucha contra la discriminación, que se encargue fun-
damentalmente de la ayuda a las víctimas. Además de la
legislación aprobada, la UE formó en 2016 un
que recopila los principios rectores sobre la
formación en materia de delitos de odio y elabora orien-
taciones que faciliten el registro de tales delitos por parte
de las autoridades policiales.
La evolución de la lucha contra es-
tos delitos se refleja en los informes
anuales de la
. En
el
publicado en
2017, queda en evidencia el compromiso de la UE
con los derechos fundamentales a lo largo de la úl-
tima década, pero también su vulnerabilidad, dada
la rapidez con la que se puede deshacer su pro-
greso, especialmente a raíz de acontecimientos
recientes, como ataques terroristas o la llegada
masiva de migrantes.
El informe incide en el avance en la protección
de los derechos fundamentales, tanto a nivel de
la UE como a nivel nacional, a través de medidas
concretas dirigidas a frenar expresiones de odio
y delitos motivados por prejuicios, que han au-
mentado recientemente como consecuencia
de la llegada masiva de refugiados y migran-
tes. También son destacables las medidas sur-
gidas a raíz de los últimos atentados terroris-
tas que abogan por un sistema europeo de
protección de datos modernizado y eficaz.
Sin embargo, aún es necesario seguir
avanzando en la integración social de la
La educación,
:
factor clave
“Promover la inclusión y el respeto mutuo a través de la educación y narrativas sólidas positivas
es esencial para evitar la incitación al odio y contrarrestar el discurso del odio en la era
digital”
. Así se afirma en una
por representantes de tres organizaciones
de derechos humanos -la Oficina de la OSCE para Instituciones Democráticas y Derechos
Humanos (ODIHR), la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE y la Comisión Europea
contra el Racismo y la Intolerancia del Consejo de Europa-, que insisten en que es
responsabilidad de todos, y de los líderes políticos en particular, contrarrestar el discurso
de odio y asegurar que sus causas se abordan a través de la educación. En este sentido,
es clave luchar también contra la manipulación deliberada de la información, a través de
la educación y la alfabetización mediática.
El odio
como delito
El auge de la intolerancia supone un reto aún
mayor para los Estados miembros de la UE, que ya
han invertido notables esfuerzos para ampliar su
intervención y legislar sobre los delitos de odio. El
ha
incidido en la necesidad de que los países señalen
claramente la motivación que subyace en los delitos
racistas o los cometidos por las convicciones
religiosas de la víctima.
Por otro lado, la
, publicada por la
, recopila ejemplos de legislación de los
diferentes sistemas legales de países que integran
la Organización para la Seguridad y Cooperación en
Europa (OSCE).
De este documento se desprende que
los delitos de odio son “actos delictivos cometidos
por una motivación basada en prejuicios (...) Puede
ser un acto de intimidación, amenazas, daños a bienes,
agresión, asesinato o cualquier otro delito penal”.
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La Directiva
2000/43/CE
sobre igualdad racial
amplió la protección
por discriminación
que antes se
circunscribía al
ámbito laboral
